Universidad Austral de Chile | Universidad de Chile | Universidad de Castilla-La Mancha
Durante la tarde de ayer, en dependencias de la municipalidad de Valdivia, de desarrolló la actividad, que convocó a más de 35 personas representantes de variados sectores y rubros, como empresas, servicios públicos organizaciones ambientales, entre otros.
VALDIVIA, 15 de septiembre del 2023.- Por estos días, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra en un importante proceso de actualización del cuerpo legal que fundamenta la existencia de la institucionalidad ambiental del país.
La institucionalidad ambiental en Chile tiene su origen en la Ley Nº19.300 de 1994 que establece Bases Generales del Medio Ambiente. Con ella, entre otras cosas, se creó el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la que concentró tanto la creación de normas y planes, como la evaluación ambiental y su fiscalización.
Luego de años de funcionamiento de la Ley N° 19.300 surgió la necesidad de separar las funciones que concentraba la CONAMA en distintos organismos y realizar mejoras a la ley. Ello se concretó, en el año 2010, con la dictación de la Ley Nº20.417, la que, por un lado, creó el Ministerio del Medio Ambiente como encargado de creación de políticas y normativa; el Servicio de Evaluación Ambiental, como el encargado de la evaluación de proyectos; y la Superintendencia del Medio Ambiente, como la encargada de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la normativa ambiental.
A más de diez años de funcionamiento de la actual institucionalidad ambiental y a 30 años desde la 19.300, existe un diagnóstico transversal sobre sus necesidades de mejora. Por esta razón el gobierno ha impulsado un proceso de diálogos participativos, cuyo objetivo es presentar la propuesta de modificación a la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con la finalidad de escuchar la opinión y observaciones de la comunidad, desde sus más diversos y legítimos intereses e identidades.
Sobre lo anterior, el titular regional de la cartera, Alberto Tacón, comentó que “En el día de ayer logramos tener una muy buena convocatoria (…) la conversación permitió abordar en profundidad algunos aspectos de la ley de bases del medio ambiente, en particular en el proceso de evaluación ambiental. Se centró mucho en el análisis de pertinencia y como se puede formalizar en la ley, un instrumento que hoy no se ha recogido legalmente”.
En relación a los temas tratados en la instancia, la autoridad señaló “Más allá de la modificación de la ley, surgieron unas inquietudes en términos de fortalecer la educación ambiental como una herramienta para la gestión, que, si bien la ley la reconoce como un instrumento, no especifica formas de apoyar su desarrollo. Hay otros aspectos interesantes como la evaluación de proyectos
que ya están desarrollándose, sea vía elusión o que no se sometieron en su momento al SEIA, y de qué manera se puede adecuar el sistema de evaluación para que estos proyectos puedan regularizar su situación y con ello mejorar su desempeño ambiental.”
Por su parte, la SEREMI de Economía Fomento y Turismo, Alejandra Vásquez, expresó que “el espíritu de estas modificaciones nos permite modernizar el estado, y está muy en línea con lo que estamos trabajando desde la agenda de productividad y en lo que nuestros empresarios nos están pidiendo para atraer inversiones a la región. Por ejemplo, mejorar y modernizar el sistema de evaluación ambiental, y también otras modificaciones que van a permitir que esta ley se actualice, y este en torno a la realidad que tenemos hoy da, y pueda responder a los desafíos que tenemos en este momento”.
Finalmente, el consultor ambiental German Krause se refirió a la instancia de esta forma. “Los temas planteados son relevantes y de interés de las personas, así como los plantea la propuesta de modificación. Lo interesante es que se incorporaron temas, que a las personas que participaron, les motiva. Principalmente el tema de la educación y del uso de los recursos naturales del país. Esos son temas que no estaban incluidos, pero que las personas manifestaron preocupación y se debían incorporar en la modificación de la ley”, finalizó el profesional.